La investigación judicial que involucra al entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un capítulo clave: el levantamiento del secreto bancario y fiscal de su hermano, Francisco Adorni. La decisión del juez federal Sebastián Casanello marca un punto de inflexión en una causa que ya dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un frente político incómodo para la Casa Rosada.
Francisco Adorni, actual diputado bonaerense y ex funcionario del Ministerio de Defensa, quedó bajo la lupa tras una denuncia que apunta a un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la gestión pública. La medida judicial busca reconstruir su evolución patrimonial, especialmente a partir de inconsistencias detectadas en su última declaración jurada, donde se registró un incremento superior al 80% en un año.
El expediente se originó a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, una figura que emergió dentro de La Libertad Avanza pero que, con el correr de los meses y en medio de denuncias de corrupción, se transformó en una voz crítica del oficialismo. Ese dato no es menor: expone fisuras internas en un espacio que construyó buena parte de su capital político sobre la promesa de transparencia.
La investigación pone el foco en operaciones específicas, como un crédito hipotecario, la compra parcial de un vehículo y movimientos financieros que ahora podrán ser auditados en profundidad. Casanello, que interviene en una causa originalmente radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, busca determinar si esos movimientos tienen justificación legal o si configuran un posible delito.
Pero el impacto político no se limita al hermano del funcionario. En paralelo, crecen las denuncias que rodean al propio Manuel Adorni. Esta semana, una declaración judicial volvió a encender alarmas: el propietario de una vivienda en el country Indio Cuá aseguró haber recibido más de 20.000 dólares en efectivo por el alquiler de una casa utilizada por el jefe de Gabinete mientras realizaba refacciones en su propiedad.
El dato de los pagos en efectivo, en un contexto de escrutinio sobre el origen de los fondos, añade presión a un Gobierno que enfrenta cuestionamientos por su discurso anticorrupción frente a situaciones que ahora deberá explicar en sede judicial.
En la Provincia de Buenos Aires, donde Francisco Adorni ocupa una banca legislativa, el caso también empieza a generar ruido político. La oposición ya analiza pedidos de informes y no se descarta que el tema escale en la agenda parlamentaria.
El avance de la Justicia sobre el patrimonio de los Adorni expone un dilema central para la gestión libertaria: cómo sostener su narrativa de cambio y transparencia mientras se multiplican las investigaciones sobre figuras clave de su propio espacio. Más allá del desenlace judicial, el costo político ya empezó a correr.
