El Gobierno nacional formalizó un nuevo ajuste en las tarifas de servicios públicos que impactará desde junio en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una decisión que vuelve a poner en el centro del debate la política energética y el costo de vida. La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a usuarios de electricidad y gas y consolida una estrategia de incrementos graduales en un contexto de alta sensibilidad social.
Según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas (ENREGE), las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán nuevos cuadros tarifarios desde el 1° de junio. En paralelo, Metrogas y Naturgy harán lo propio en el servicio de gas. El resultado final será un aumento del 1,5% en las boletas de luz y del 2,81% en las de gas para usuarios residenciales.
Aunque los porcentajes pueden parecer moderados, el ajuste llega en un momento clave: el inicio del invierno, cuando el consumo energético se dispara. En ese marco, la decisión del Ejecutivo encabezado por Javier Milei refuerza su política de recomposición tarifaria, orientada a reducir subsidios y trasladar costos a los usuarios, aunque intenta amortiguar el impacto con medidas focalizadas.
En el caso de la electricidad, los incrementos responden a la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), que sube 4,75% para Edenor y 4,68% para Edesur. La fórmula aplicada combina la evolución de la inflación mayorista (IPIM) y minorista (IPC), en línea con los criterios de revisión tarifaria vigentes. Sin embargo, el traslado a las facturas finales es menor debido a la estructura de subsidios aún vigente.
Para el gas, el aumento del 2,81% se aplica a nivel nacional, pero en el AMBA cobra especial relevancia por la densidad de usuarios. En este caso, el Gobierno decidió prorrogar una bonificación adicional del 25% sobre el consumo para los sectores alcanzados por los Subsidios Energéticos Focalizados. La medida también incluye a clubes de barrio y entidades sin fines de lucro, en un intento por contener el impacto social.
El trasfondo político es claro: la administración libertaria busca avanzar en la normalización de tarifas tras años de congelamientos y subsidios generalizados, pero enfrenta el desafío de hacerlo sin agravar el malestar económico en los sectores medios y bajos. La segmentación y las bonificaciones aparecen como herramientas para administrar esa tensión, aunque con alcance limitado.
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde el peso de las tarifas en el ingreso familiar es cada vez mayor, el ajuste vuelve a reactivar cuestionamientos sobre la gradualidad de las subas y la capacidad real del Estado para proteger a los usuarios más vulnerables. La discusión, lejos de saldarse, suma un nuevo capítulo en pleno invierno.
