La caída del empleo industrial dejó de ser un dato más dentro de la macroeconomía para convertirse en un síntoma estructural del rumbo económico. En el último año, la industria manufacturera perdió casi 49 mil puestos de trabajo registrados, en un contexto donde el Gobierno nacional sostiene su apuesta por la estabilidad financiera mientras la economía real sigue en retroceso.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por Industriales Pymes Argentinos (IPA), el sector acumuló una baja interanual del 4,1%, alcanzando en febrero de 2026 un total de 1.138.536 trabajadores formales. La cifra no solo confirma la tendencia descendente, sino que además marca 26 meses consecutivos de caída del empleo, un dato que enciende alertas tanto en el entramado productivo como en la política.
El impacto no es homogéneo, pero sí contundente en sectores clave del mercado interno, especialmente en el conurbano bonaerense y los cordones industriales que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. Rubros como metalurgia, textil, calzado, alimentos y materiales para la construcción muestran caídas persistentes, afectando directamente a las pymes que dependen del consumo local.
El dato político es inevitable: mientras la administración de **Javier Milei** celebra la desaceleración inflacionaria y la estabilidad cambiaria, los indicadores laborales muestran un deterioro sostenido. En términos generales, el empleo registrado total cayó en más de 108 mil puestos en un año, pero casi la mitad de esa pérdida se concentró en la industria manufacturera, lo que expone la fragilidad del modelo en términos de generación de trabajo.
Desde IPA advierten que ya no se trata de un ajuste transitorio, sino de un proceso que empieza a consolidarse como estructural. La combinación de apertura importadora, retracción del consumo, encarecimiento del crédito y paralización de la obra pública golpea de manera directa a las pymes, muchas de las cuales reducen personal o directamente cesan sus actividades.
El dato más sensible es el cierre de casi 25 mil empresas desde diciembre de 2023, lo que evidencia que la crisis no solo afecta al empleo sino también al tejido productivo. En la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la industria nacional, este fenómeno tiene un impacto social inmediato: menos empleo formal, más precarización y caída del poder adquisitivo.
El presidente de IPA, **Daniel Rosato**, fue contundente al cuestionar el rumbo económico. Señaló que la estabilidad financiera pierde sentido si se sostiene sobre el cierre de empresas y la destrucción del empleo. Además, puso en duda el “rebote” de la actividad que menciona el Gobierno, al considerar que está limitado a sectores como energía o minería, con bajo impacto en la generación de empleo masivo.
La discusión de fondo ya se instaló en la agenda política: ¿puede sostenerse un esquema económico que mejora variables financieras pero deteriora el empleo y la producción? En un año marcado por tensiones sociales y reconfiguración electoral, la respuesta a esa pregunta podría definir el rumbo del debate público en Argentina, con especial impacto en Buenos Aires, donde la industria sigue siendo un actor central.
