Banco de Elementos Ortopédicos: el proyecto que busca cerrar el vacío legal que deja sin silla de ruedas a miles de adultos mayores en CABA
Hay una paradoja cruel en el sistema de salud porteño: una persona mayor de 60 años sin cobertura médica puede acceder al Banco de Elementos Ortopédicos de la Ciudad, pero si tiene obra social o PAMI, queda excluida, aunque esa entidad tarde semanas o meses en entregarle la silla de ruedas, el andador o la cama ortopédica que necesita. Un proyecto presentado en la Legislatura porteña apunta directamente a esa contradicción.
La iniciativa, impulsada por el legislador Andrés La Blunda con la coautoría de Noemí Geminiani, propone modificar la Ley 921 para permitir que el Banco de Elementos Ortopédicos (BEO) atienda también a adultos mayores que cuenten con cobertura de salud, siempre que esa cobertura no haya cumplido con la provisión del dispositivo en tiempo y forma. La clave del mecanismo: la Ciudad entregaría el elemento y luego reclamaría el costo a la obra social, prepaga o entidad responsable.
Una brecha que la norma vigente no cierra
El texto actual de la ley excluye del BEO a quienes poseen algún tipo de cobertura médica, bajo el supuesto de que esa entidad debe hacerse cargo. El problema es que la realidad sanitaria desmiente esa lógica: las demoras burocráticas, los rechazos administrativos y los tiempos de gestión pueden dejar a un adulto mayor semanas sin acceso a elementos básicos para su movilidad y autonomía.
El proyecto contempla que la falta de provisión pueda acreditarse mediante una declaración jurada del propio beneficiario, sin que la entrega quede supeditada al proceso de recupero del costo. En paralelo, la reglamentación definiría si el elemento se otorga en préstamo de uso o directamente en donación, según el caso.
La apuesta central de la propuesta es que la Ciudad no asuma en forma permanente una obligación que corresponde al sistema de cobertura, sino que actúe como garantía frente a las fallas de ese sistema. Es, en definitiva, un mecanismo de subsidiariedad activa: el Estado porteño interviene cuando el privado falla, y luego reclama.
Los números que justifican la urgencia
Los propios fundamentos del proyecto revelan una tendencia que no puede ignorarse. El BEO atendió a 47 personas mayores en 2023, 56 en 2024 y 95 en 2025, lo que implica un crecimiento sostenido de la demanda. Además, el 7,45% del presupuesto de compras del organismo durante 2025 se destinó específicamente a elementos para adultos mayores.
Esa curva ascendente no es un dato menor: habla de una población que crece, envejece y necesita respuestas concretas del sistema público, más allá de si tiene o no carnet de obra social. El proyecto de La Blunda y Geminiani pone el foco donde corresponde: en la persona que espera, no en el trámite que se demora.
El debate en la Legislatura recién comienza, pero la iniciativa instala una discusión que la gestión porteña no podrá eludir por mucho tiempo: cuándo corresponde que la Ciudad garantice derechos que otros actores del sistema deberían estar cumpliendo, y cómo recuperar ese costo sin que el ciudadano quede en el medio.
