La causa Adorni suma tensión: su escribana avaló las operaciones pero evitó explicar el origen de los fondos
La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo que, lejos de despejar dudas, vuelve a colocar el foco en la transparencia de su gestión. La escribana Adriana Mónica Nechevenko, pieza clave en las operaciones inmobiliarias del funcionario, declaró durante casi tres horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y sostuvo que todas las transacciones fueron “normales”. Sin embargo, dejó un vacío central: el origen del dinero.
Al salir de Comodoro Py, Nechevenko fue tajante al desligarse de ese punto crítico. “Eso pregúntenle a él”, respondió ante la consulta sobre cómo se financió la compra de un departamento en Caballito. Su postura marca un límite claro entre la legalidad formal de las operaciones y la discusión de fondo que atraviesa la causa: la consistencia patrimonial de un funcionario de primera línea.
La escribana explicó que la adquisición del inmueble —valuado en 230 mil dólares— se realizó mediante un esquema de financiamiento privado, con una hipoteca que cubrió cerca del 90% del valor. Según su testimonio, este tipo de mecanismo es habitual. No obstante, el dato abre interrogantes en términos políticos: no es común que dos jubiladas financien una operación de ese volumen sin interés aparente, un aspecto que ahora deberá profundizar la fiscalía.
El expediente, que tramita bajo la órbita del juez Ariel Lijo, apunta a determinar si existió enriquecimiento ilícito. En ese marco, la declaración de Nechevenko aporta documentación técnica, pero también deja zonas grises. Entre ellas, las siete visitas que realizó a Casa Rosada en simultáneo con las operaciones inmobiliarias. Consultada al respecto, evitó dar detalles por confidencialidad profesional.
La causa no se limita a una propiedad. También se investiga la compra de una casa en un country de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa de Adorni, y una hipoteca previa por 100 mil dólares vinculada a otra vivienda en Parque Chacabuco. En todos los casos aparece un patrón: financiamiento privado con actores que, en principio, no pertenecen al circuito financiero tradicional.
Desde el punto de vista político, el caso plantea un desafío para el Gobierno nacional. Adorni no es un funcionario menor: su rol como jefe de Gabinete lo ubica en el centro de la toma de decisiones. En ese contexto, cualquier inconsistencia patrimonial impacta directamente en la credibilidad de la gestión.
Mientras la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba y citaciones, el expediente comienza a delinear un escenario donde la legalidad formal de las escrituras no alcanza para disipar las dudas públicas. La clave ya no pasa solo por si las operaciones fueron “normales”, sino por si resultan compatibles con los estándares de transparencia que se esperan de un alto funcionario.
