El Banco Ciudad deberá destinar al menos el 25% de sus ganancias a créditos hipotecarios: qué cambia con la reforma aprobada en la Legislatura porteña
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso concreto en materia de política habitacional al modificar la Carta Orgánica del Banco Ciudad y establecer un piso mínimo obligatorio del 25% del remanente de sus utilidades para el financiamiento de créditos hipotecarios. La medida, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza en articulación con el Ejecutivo porteño, fue aprobada con 31 votos a favor y apunta a ampliar el acceso a la primera vivienda, especialmente para sectores de clase media.
Hasta ahora, la normativa que regula el destino de las ganancias netas del Banco Ciudad, el artículo 45 de la Ley 1.779, no fijaba ningún porcentaje mínimo para orientar fondos hacia préstamos hipotecarios. La reforma cambia esa lógica: a partir de ahora, independientemente de cuánto rinda el ejercicio anual, al menos una cuarta parte del remanente deberá canalizarse hacia el financiamiento de vivienda.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, salió a comunicar la medida con énfasis político: “Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios”. La frase sintetiza el objetivo de la gestión: convertir al banco público porteño en un instrumento activo de política habitacional, no solo en una entidad con lógica comercial.
Qué pasa con el resto de las ganancias
La reforma no se limita al porcentaje hipotecario. También regula el destino del remanente que quede fuera de ese porcentaje mínimo: esos fondos serán transferidos al Gobierno de la Ciudad para financiar obras estratégicas de infraestructura urbana. De esta manera, las utilidades del Banco Ciudad pasarían a tener un doble destino social y de inversión pública: vivienda por un lado, infraestructura por el otro.
Adicionalmente, la Ciudad se reserva la posibilidad de reducir el monto total de utilidades a distribuir si resulta necesario capitalizar al propio Banco Ciudad, preservando así la solidez patrimonial de la entidad.
En términos políticos, la medida se inscribe en una estrategia más amplia de la administración de Jorge Macri para posicionar la política de vivienda como eje de gestión de cara a los próximos meses. El contexto no es menor: el acceso al crédito hipotecario sigue siendo un problema estructural en Argentina, donde la inflación histórica y la inestabilidad del tipo de cambio destruyeron durante años la posibilidad de financiamiento a largo plazo.
El Banco Ciudad, como entidad pública porteña, tiene un rol diferencial frente a la banca privada: puede asumir objetivos sociales que exceden la lógica de rentabilidad pura. La reforma aprobada por la Legislatura busca institucionalizar esa función, blindándola en la propia Carta Orgánica para que no quede sujeta a decisiones discrecionales de cada directorio.
Lo que resta analizar es si el porcentaje fijado, el 25%, resultará suficiente para generar un impacto real en la oferta de créditos hipotecarios accesibles, o si se trata de un piso que en la práctica ya se superaba. Ese dato, que la gestión no precisó públicamente, será clave para evaluar si la reforma implica un cambio sustantivo o fundamentalmente un gesto político con respaldo normativo.
