El arranque del debate por la reforma electoral en el Senado dejó al descubierto una tensión central del oficialismo: la distancia entre la ambición política de la Casa Rosada y la aritmética legislativa real. Aunque la orden de Karina Milei fue tajante, eliminar las PASO sin concesiones, en el bloque de La Libertad Avanza ya admiten que ese objetivo hoy no tiene los votos necesarios.
Con apenas 21 senadores propios, el oficialismo depende de aliados que, por ahora, no acompañan el plan de borrar las primarias del calendario electoral. La resistencia no proviene solo de la oposición dura: incluso sectores que venían acompañando al Gobierno comenzaron a marcar límites, en un contexto atravesado por desconfianzas recientes, como el fallido acuerdo en torno a la ley de ficha limpia.
El mensaje que circula en los pasillos del Congreso es claro: sin negociación, no hay reforma posible. Desde el PRO, uno de los socios clave para cualquier intento de cambio estructural, ya anticiparon que no están dispuestos a avalar la eliminación lisa y llana de las PASO. En cambio, proponen sostenerlas con modificaciones, lo que abre la puerta a una salida intermedia que el Ejecutivo, por ahora, resiste.
La propia **Patricia Bullrich**, encargada de articular políticamente el proyecto, dejó entrever ese escenario al reconocer que probablemente termine imponiéndose algún tipo de sistema alternativo. En otras palabras, el “todo o nada” impulsado desde el entorno presidencial empieza a chocar con la lógica parlamentaria, donde los acuerdos parciales suelen ser la única vía de avance.
Este cortocircuito interno también revela una dinámica de poder particular dentro del oficialismo. Mientras **Karina Milei** sostiene una postura inflexible, otros actores del Gobierno —con mayor experiencia en la negociación legislativa— ensayan señales de apertura. La tensión no es menor: define no solo el futuro de la reforma electoral, sino también la capacidad del Gobierno para construir mayorías estables.
En paralelo, los bloques aliados avanzan por su cuenta en otros temas sensibles, como ficha limpia, con la intención de tratarlos por separado. Esta jugada busca evitar quedar atrapados en la estrategia del oficialismo de unificar debates y forzar votaciones en paquete, una táctica que ya genera resistencias.
El calendario también juega en contra. Si la reforma no logra avanzar antes de fin de año, los tiempos técnicos para implementar cambios en el sistema electoral —licitaciones, ajustes operativos y coordinación con la Justicia Electoral— se vuelven cada vez más estrechos.
Así, lo que comenzó como una señal de poder del Gobierno —redefinir las reglas de juego electoral— amenaza con transformarse en un nuevo test de gobernabilidad. La discusión por las PASO ya no es solo una cuestión técnica: es, sobre todo, una prueba de hasta dónde llega la capacidad de **Javier Milei** para ordenar a sus aliados y convertir sus decisiones políticas en leyes concretas.
