Llamadas falsas al 911: la Legislatura porteña debate sancionar con arresto a quienes colapsen el sistema de emergencias
Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires pone sobre la mesa un debate que pocos se animaron a instalar con fuerza legislativa: el uso malicioso y reiterado del sistema público de emergencias. La iniciativa, presentada por la legisladora Sandra Mónica Rey bajo el expediente 2496-D-2026, propone modificar el Código Contravencional porteño para endurecer las consecuencias sobre quienes hagan un uso indebido del 911 y otros canales oficiales de auxilio.
El problema de fondo no es menor. Cada vez que alguien llama sin motivo real, un patrullero, una ambulancia del SAME o una dotación de Bomberos sale a la calle y deja de estar disponible para atender una situación genuina. Esa distorsión del sistema tiene consecuencias concretas y, hasta ahora, el marco normativo vigente no contemplaba de manera específica los casos de reincidencia ni los patrones de abuso sistemático.
El proyecto busca cubrir ese vacío legal con una estructura escalonada de sanciones. Para quien realice una llamada o denuncia falsa de manera aislada, se prevé una multa de entre 500 y 1.900 unidades fijas o, como alternativa, entre 5 y 15 días de trabajos de utilidad pública. Hasta ahí, la propuesta podría leerse como una actualización razonable. Pero es en el régimen agravado donde la iniciativa muestra sus dientes.
Cuando la conducta sea reiterada —tres o más llamadas sin motivo real— las sanciones se multiplican: multas de entre 2.000 y 5.000 unidades fijas, trabajos de utilidad pública de entre 10 y 30 días y, como medida más severa, arresto de 10 a 30 días. Una escala que transforma lo que hoy se trata como una contravención menor en una infracción con consecuencias penales concretas.
El hostigamiento como agravante: cuando el 911 se convierte en un arma
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el reconocimiento explícito de un fenómeno que venía creciendo en silencio: el uso del sistema de emergencias como herramienta de persecución. La propuesta establece agravantes específicos cuando las llamadas falsas tengan como objetivo hostigar, intimidar o perjudicar a una persona, un comercio, una institución educativa o una organización social.
Este punto abre un debate político y social de mayor alcance. En la práctica, existen casos documentados en los que el 911 fue utilizado de manera sistemática para generar operativos contra un mismo domicilio o establecimiento, generando costos económicos, reputacionales y operativos para las víctimas. La normativa vigente no distinguía esas situaciones de una llamada aislada por error o confusión.
También se incorpora como agravante el impacto comprobable sobre la capacidad de respuesta del sistema: si una llamada falsa generó el desplazamiento efectivo de recursos y eso afectó la disponibilidad operativa, la sanción podría alcanzar su techo máximo.
Un nuevo artículo y la intervención del Ministerio Público Fiscal
La propuesta de Rey no se limita a actualizar montos y días de arresto. También introduce el artículo 81 bis al Código Contravencional, que establece un mecanismo específico para actuar cuando se detecte un patrón reiterado de abuso. En esos casos, la autoridad competente deberá remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para determinar si existe algún delito adicional y quiénes son los responsables.
La articulación entre la vía contravencional y la fiscal es uno de los puntos más novedosos del proyecto. Al mismo tiempo, la iniciativa plantea que el organismo de aplicación implemente herramientas para detectar esos patrones de manera proactiva, siempre dentro de los límites que imponen las garantías constitucionales y la normativa de protección de datos personales.
Si el proyecto logra avanzar en el recinto y obtiene sanción legislativa, el Poder Ejecutivo porteño tendría 90 días desde su promulgación para reglamentarlo. La discusión sobre cómo equilibrar la disuasión sin desalentar las llamadas legítimas será, probablemente, el eje del debate en comisión.
