Titular: Ajuste y control: el Gobierno desplegó patrullas en los trenes del AMBA para multar a quienes no paguen el boleto
Apenas días después de que el boleto mínimo de tren subiera a $349,99 y los colectivos bonaerenses superaran por primera vez la barrera de los $1.000, el Gobierno nacional lanzó un operativo de fiscalización dentro de las formaciones de Trenes Argentinos. El objetivo declarado es combatir la evasión, pero la medida desnuda una contradicción política de fondo: mientras las tarifas escalan, el Estado intensifica la presión sobre los usuarios que no pueden afrontar el costo del transporte público.
Las denominadas “patrullas” son equipos de agentes que suben a los vagones con dispositivos electrónicos y solicitan la tarjeta SUBE a cada pasajero. Mediante esos aparatos, verifican si el viaje fue iniciado correctamente en el molinete de la estación de origen. Si el registro coincide, no hay sanción. Si no coincide, el pasajero recibe una multa equivalente a diez pasajes mínimos: $3.500 en total, pagaderos en efectivo o mediante código QR.
Desde Trenes Argentinos justificaron la iniciativa con énfasis. “La evasión es un punto que tiene mucho combate, mucho interés en el tren y por eso se han implementado estos métodos que han incrementado los niveles de multas a bordo de las formaciones”, señalaron fuentes de la empresa. Cada multa es numerada y documentada con comprobante, y la recaudación se rinde diariamente.
El despliegue no es uniforme en todas las líneas. La Roca concentra la mayor cantidad de efectivos, con 10 patrullas activas. La San Martín opera con 5 y la Belgrano Sur con 2, aunque desde la empresa anticiparon una ampliación en los próximos días. Las líneas Mitre y Sarmiento, que atraviesan zonas densamente pobladas del conurbano bonaerense, aún no tienen el sistema activo pero están en la hoja de ruta inmediata.
El trasfondo político de la medida es insoslayable. El operativo se lanza en simultáneo con un paquete de aumentos que golpea el presupuesto cotidiano de miles de familias del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los trenes, históricamente el modo de transporte más accesible para los sectores populares y trabajadores, dejaron de ser una opción de bajo costo: el boleto mínimo casi duplicó su valor en pocas semanas. En ese contexto, la decisión de enviar patrullas a controlar y multar a los pasajeros que no validan su viaje genera una pregunta política incómoda: ¿a quién persigue realmente este operativo?
La paradoja es clara. El Estado que ajusta las tarifas es el mismo que ahora fiscaliza con rigor a quienes no pueden o no llegan a pagar lo que ese mismo Estado encareció. Lejos de una política integral de transporte que contemple el acceso real de la población, el Gobierno opta por el control punitivo como respuesta a la evasión que, en muchos casos, es hija directa del propio ajuste tarifario.
Para los usuarios del conurbano, que dependen del tren como vía principal hacia sus trabajos, la ecuación resulta cada vez más asfixiante: tarifas más altas, sin mejoras sustanciales en el servicio, y ahora la amenaza concreta de una multa de $3.500 si no se logra validar el viaje. Una deuda política que el Gobierno todavía no parece dispuesto a saldar.
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