El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una nueva zona de turbulencia. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, emitió un comunicado de tono contundente que deja poco margen para la ambigüedad: si el Gobierno nacional no atiende el reclamo salarial pendiente desde mayo, un nuevo paro de colectivos puede estar a la vuelta de la esquina.
El nudo del conflicto es claro. El último acuerdo paritario se cerró en enero de este año y estableció un salario básico de $1.574.000 para los choferes a partir de abril, resultado de una suba escalonada del 4% en tres tramos. Desde entonces, no hubo ninguna actualización. Los meses pasaron, la inflación siguió su curso y el poder adquisitivo de los trabajadores del volante continuó erosionándose sin que el ministerio de Economía moviera ficha.
El gremio no se limitó a reclamar internamente. Eligió interpelar directamente al ministro Luis Caputo con un título que condensa toda la irritación acumulada: “Queremos el mismo trato de exportadoras, petroleras o mineras”. La frase no es solo una demanda salarial; es una denuncia política sobre cómo el Gobierno de Javier Milei distribuye sus prioridades y sus concesiones. Mientras ciertos sectores económicos negocian en términos favorables con la Casa Rosada, los trabajadores del transporte enfrentan dilaciones sistemáticas.
La advertencia del gremio sobre el uso de las conciliaciones obligatorias agrega otra capa al conflicto. Para la UTA, ese mecanismo no funciona como una herramienta de diálogo sino como un instrumento de desgaste: “¿Quieren cansar a los trabajadores? Frenándolos a golpes de conciliación obligatoria”, señala el comunicado. La denuncia apunta a una estrategia deliberada de postergación por parte del Estado.
El escenario se complejiza si se suma la reciente Resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial, que modificó el esquema de compensaciones tarifarias para las líneas de jurisdicción nacional. El Ejecutivo presenta esa medida como una modernización del sector, orientada a premiar la calidad y la regularidad del servicio. Pero para la UTA, la lógica de fondo es otra: el ajuste fiscal recae sobre los eslabones más débiles de la cadena. “Los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del superávit fiscal”, afirma el gremio, que no cuestiona el objetivo del equilibrio presupuestario sino el costo social que implica alcanzarlo.
La frase de cierre del comunicado es la que mejor resume la gravedad de la situación: “Los días pasan, la paz social peligra”. No es retórica sindical de manual. Es una señal concreta de que la paciencia tiene límites y que, si el Gobierno no interviene con respuestas concretas, los miles de pasajeros que cada día dependen del colectivo para moverse por el AMBA podrían volver a encontrar los servicios paralizados.
El Gobierno tiene la pelota. La pregunta es si Caputo y su equipo están dispuestos a dar respuestas antes de que el conflicto escale o si preferirán esperar al próximo paro para sentarse a negociar.
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