El Gobierno nacional oficializó la eliminación del esquema de compensaciones económicas que sostenía el sistema de pasajes gratuitos en el transporte de larga distancia, una medida que reconfigura el vínculo entre el Estado, las empresas y los sectores más vulnerables. La decisión, instrumentada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, impacta de lleno en personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con enfermedades graves, que dependen de ese beneficio para movilizarse.
El punto central del cambio no es la eliminación del derecho —que formalmente sigue vigente— sino quién financia ese costo. Hasta ahora, el Estado subsidiaba parcialmente a las empresas por los boletos sin cargo que debían otorgar por ley. Con la nueva normativa, esa responsabilidad se traslada completamente al sector privado.
Desde la Casa Rosada encuadran la medida dentro de la política de desregulación iniciada con el Decreto 883/2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte interjurisdiccional. Bajo esa lógica, las empresas tienen margen para absorber ese costo dentro de su estructura. Sin embargo, en la práctica, el cambio abre interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y la efectiva garantía del derecho.
En terminales de todo el país —incluyendo nodos clave como Retiro en la Ciudad de Buenos Aires— ya se registran señales de tensión: reducción de cupos, demoras en la asignación de pasajes y mayores trabas administrativas. El conflicto es claro: las compañías advierten que sin compensaciones estatales el esquema es inviable, mientras que el Gobierno apuesta a que el mercado absorba el impacto.
El trasfondo es fiscal. La decisión se inscribe en la estrategia de ajuste del gasto público que impulsa la gestión de Javier Milei, en un contexto donde el costo del transporte se disparó muy por encima de los ingresos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el aumento de tarifas viene erosionando el poder adquisitivo, y este nuevo movimiento suma presión sobre quienes dependen de subsidios o beneficios específicos.
Pero además hay un frente judicial latente. En 2024, un fallo federal ya había ordenado al Estado garantizar las compensaciones para asegurar el cumplimiento del sistema de gratuidad. La nueva resolución, en ese sentido, podría reabrir la disputa en tribunales si se comprueba que el acceso efectivo al derecho se ve limitado.
El caso expone una tensión estructural del modelo libertario: hasta dónde puede retirarse el Estado sin afectar prestaciones básicas. En este escenario, la movilidad —un componente clave para el acceso a la salud y otros derechos— queda en el centro del debate.
La incógnita ahora es si el mercado, como propone el Gobierno, podrá sostener un beneficio que históricamente requirió financiamiento público, o si la medida terminará generando un cuello de botella que afecte directamente a quienes más lo necesitan.
