El “anuncio rimbombante” que esquiva el fondo de la cuestión
La media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años no tardó en levantar polvareda en el tablero político bonaerense. Sergio Berni, exministro de Seguridad de la Provincia, salió al cruce con una crítica que cala hondo en la estrategia del Gobierno nacional: para el actual legislador, la medida es más una puesta en escena comunicacional que una solución estructural. Según Berni, el debate se ha reducido a una “paritaria” de números arbitrarios (13, 14 o 15 años) sin un sustento neurofisiológico que avale por qué un adolescente es apto para el proceso penal un día después de su cumpleaños.
Pericias vs. Calendarios: El enfoque técnico de la Provincia
Desde la óptica de quien manejó la fuerza de seguridad más grande del país, la clave no está en el DNI, sino en la capacidad cognitiva. La propuesta de Berni desafía el eslogan oficialista de “delito de adulto, pena de adulto”, argumentando que la imputabilidad debería determinarse mediante pericias psiquiátricas individuales. El análisis es incisivo: si un juez exige un test para evaluar si un mayor comprendió la criminalidad de sus actos, ¿por qué con un menor se utiliza una tabla fija de edades? Esta “arbitrariedad”, advierte, deja a la Argentina a la zaga de una discusión científica seria sobre la maduración del sistema temporofrontal.
El fantasma de las cárceles de adultos y los “soldaditos”
Uno de los puntos más críticos de la gestión de esta nueva ley reside en su implementación logística. Berni puso el dedo en la llaga al señalar el artículo 17, que contempla el alojamiento de menores en módulos dentro de cárceles de adultos. Para el exfuncionario, esto no es resocialización, sino una “fábrica de delincuentes” que profundiza el problema. Además, advirtió sobre un efecto colateral peligroso en el conurbano y las grandes urbes: la baja de la edad solo obligará a las bandas narco a reclutar niños aún más pequeños, acelerando el ingreso de menores al circuito delictivo como “soldaditos” antes de los 14 años.
Riesgo de inconstitucionalidad y colapso jurisdiccional
Finalmente, la advertencia política es institucional. El análisis en Streams Político subraya que esta ley, tal como fue parida en el Congreso, podría chocar de frente con las constituciones provinciales y tratados internacionales. Sin un presupuesto asignado ni estructuras de contención real, la reforma corre el riesgo de ser una cáscara vacía que termine siendo declarada inconstitucional, dejando a las provincias —que son las que deben lidiar con el territorio— en un limbo jurídico mientras la inseguridad sigue sumando víctimas.
