El silencio del Estado ya no es una negativa: CABA formaliza el silencio administrativo positivo para agilizar trámites
El Gobierno porteño dio un paso concreto en su política de modernización del Estado al aprobar un listado de trámites y procedimientos en los que la falta de respuesta oficial dentro de los plazos legales se interpretará como una aprobación automática. La medida, publicada el 15 de octubre en el Boletín Oficial de la Ciudad, representa un cambio de paradigma en la relación entre la administración pública y los vecinos.
La norma, instrumentada a través de la Resolución N.º 504/MJGGC/26 y firmada el 9 de octubre, fue impulsada desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Gabriel Sánchez Zinny, en el marco del Decreto 54/26. Hasta ahora, la Ley de Procedimientos Administrativos porteña establecía la regla inversa: si el Estado no contestaba, la solicitud se daba por rechazada. El nuevo esquema invierte esa lógica para un conjunto específico de gestiones, detalladas en el Anexo I de la resolución.
El concepto de silencio administrativo positivo no es nuevo en el derecho comparado, pero su aplicación concreta en Buenos Aires marcaba una deuda pendiente. La medida apunta directamente a un problema histórico de la burocracia estatal: la demora injustificada en la resolución de trámites, que en muchos casos paraliza actividades económicas, proyectos edilicios o gestiones personales de los ciudadanos.
El impacto práctico depende, en gran medida, de cuáles son los trámites incluidos en el anexo. Sin ese detalle público y accesible, la norma corre el riesgo de quedar como un avance formal sin traducción inmediata en la experiencia cotidiana del vecino. El Gobierno deberá garantizar que esa información circule de manera clara y que los sistemas digitales estén adaptados para registrar los plazos con precisión.
En esa línea, la resolución también encomienda a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital que trabaje en conjunto con las áreas involucradas para actualizar las plataformas tecnológicas que soportan los procesos administrativos. La articulación entre los ministerios, las secretarías del Ejecutivo y los organismos descentralizados es otro eje clave: todos deberán reportar a la Jefatura de Gabinete cualquier nuevo trámite incorporado al régimen dentro de los cinco días de su aprobación.
El andamiaje normativo está. La pregunta que queda abierta es si la implementación acompañará la ambición del diseño. Modernizar el Estado no es solo aprobar resoluciones, sino transformar culturas organizacionales donde la dilación muchas veces fue la norma. La Ciudad se comprometió a un estándar más exigente: ahora tendrá que demostrarlo en la práctica.
