CABA va por el celular robado: el decreto que obliga a registrar cada equipo usado y permite secuestrar sin papeles
El Gobierno porteño dio un paso concreto en la pelea contra el mercado negro de teléfonos móviles. A través del Decreto 295/26, reglamentó la Ley 6.009 y montó un esquema de control que abarca desde el kiosco del barrio hasta los grandes centros de reparación. La pregunta que sobrevuela es si la arquitectura burocrática será suficiente para desmantelar circuitos delictivos que llevan años operando a la vista de todos.
Un registro con nombre y apellido
La norma crea el Registro de Actividades de Comercialización y Reparación de Aparatos Electrónicos Usados de Telefonía Celular, que quedará en manos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Cualquier comercio o taller que compre, venda, intermedie o repare un celular usado deberá inscribirse, sin importar si esa es su actividad principal o una más entre varias.
La inscripción dura un año y se renueva. Cada titular tiene que declarar todos sus locales, sucursales, depósitos y talleres. Y el registro no reemplaza la habilitación comercial: ambos requisitos corren en paralelo. Los negocios que ya funcionan tienen 30 días corridos desde que la AGC dicte las normas operativas para regularizarse.
Dato por dato, equipo por equipo
El corazón del sistema es el registro individualizado de cada dispositivo. Antes de recibir un teléfono para reparación o incorporarlo al stock de venta, el operador debe cargar la información en el sistema. Eso incluye IMEI, número de serie, marca, modelo, estado del equipo, origen, fecha de adquisición y documentación que acredite la tenencia legítima.
Las operaciones posteriores, como ventas, reparaciones, devoluciones o bajas, deben asentarse de manera inmediata. No hay margen para el “ya lo cargo después”.
Si un equipo aparece denunciado o bloqueado en las bases de ENACOM u otros organismos, el comercio debe frenar la operación, preservar el teléfono y avisar a la autoridad competente. Lo mismo aplica si se detectan adulteraciones en los identificadores o inconsistencias graves sobre el origen del aparato.
Secuestro con inventario y plazo
El decreto mantiene la potestad de secuestrar teléfonos, partes y repuestos cuando no haya documentación que respalde su tenencia o cuando la información registrada resulte falsa. Los bienes secuestrados deben inventariarse, identificarse y publicarse en el Boletín Oficial. Desde esa publicación, el legítimo titular tiene 60 días corridos para reclamarlos.
Si nadie aparece, el Estado puede compactarlos, donarlos a entidades de bien público o afectarlos a fines de utilidad pública. Una vez vencido el plazo, el camino del equipo queda en manos de la administración.
Zonas calientes bajo la lupa
Uno de los puntos más llamativos de la reglamentación es la figura de las Zonas de Intervención Prioritaria. El Ministerio de Seguridad y la AGC podrán delimitar áreas específicas de la Ciudad usando mapas de calor, estadísticas de delitos, secuestros y recuperos de teléfonos, denuncias e investigaciones en curso.
En esas zonas se aplicarán controles reforzados: más exigencias de documentación, verificaciones adicionales, condiciones especiales para recibir, almacenar y vender equipos, e incluso restricciones de horario o límites en la cantidad de dispositivos almacenados. Esas medidas deberán ser temporales y proporcionales al riesgo identificado, según establece la propia norma.
La decisión de apuntar a corredores comerciales y centros de trasbordo es un reconocimiento implícito de que hay geografías en la Ciudad donde el mercado informal de celulares opera con una visibilidad que el Estado ya no puede ignorar.
Un QR en la vidriera y coordinación interinstitucional
La AGC podrá implementar un código QR para cada establecimiento registrado, visible desde la vereda, que permitirá verificar en línea el estado de inscripción del comercio. La norma aclara, sin embargo, que ese código solo acredita la situación registral del local, no garantiza que cada equipo dentro tenga un origen limpio.
Para cerrar el circuito, la Ciudad podrá celebrar convenios con ENACOM y con empresas de telefonía móvil para mejorar la verificación de equipos. La AGC, el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Administración de Infracciones compartirán información sobre inspecciones, sanciones y clausuras. Si durante una inspección surge evidencia de un delito, los funcionarios deben preservar las pruebas y dar aviso al Ministerio Público Fiscal o a la justicia.
El argumento oficial es directo: si vender un celular robado se vuelve más difícil y riesgoso, el incentivo económico del robo se reduce. Lo que está por verse es si el aparato de control tendrá los recursos y la voluntad política para sostenerse en el tiempo o si, como ocurrió con otras regulaciones similares, quedará atrapado en el papel.
