Garrafa Social en CABA: legisladores buscan reemplazar una ley de 2004 y ampliar la cobertura para los hogares más vulnerables
A más de dos décadas de la sanción de la Ley 1.353, un grupo de legisladores porteños impulsa una reforma profunda del sistema de subsidio al gas envasado en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, presentado en la Legislatura por Andrés La Blunda junto a los coautores Claudio Américo Ferreño y Andrea Mariana González, propone crear el Programa Garrafa Social Ciudad, una herramienta que busca actualizar los mecanismos de acceso y ampliar la cobertura para los sectores en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa parte de un diagnóstico concreto: tener conexión domiciliaria a la red de gas no garantiza poder usarla. Muchas familias porteñas cuentan con la infraestructura, pero el servicio está suspendido por falta de pago. El proyecto reconoce esa realidad e incorpora el concepto de “acceso efectivo” como criterio central para determinar quiénes califican como beneficiarios.
Quiénes podrían acceder
El programa estaría destinado a hogares cuyos ingresos mensuales no superen una vez y media el valor de la Canasta Básica Total, de acuerdo con las mediciones del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad. Podrían inscribirse tanto quienes no tienen conexión a la red de gas como aquellos con el servicio cortado por mora, siempre que demuestren haber iniciado gestiones para regularizar su situación, ya sea mediante acuerdos de pago, reclamos por facturación o presentaciones ante organismos de defensa del consumidor.
Cobertura escalonada y reforzada para grupos prioritarios
La cobertura general arrancaría en al menos el 50% del precio de referencia de cada garrafa reconocida por el programa. Sin embargo, ese porcentaje podría escalar hasta el 100% en hogares donde residan niñas, niños o adolescentes, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. Los factores que determinarían el nivel de cobertura incluyen los ingresos del grupo familiar, las condiciones habitacionales y el grado de vulnerabilidad. Para los hogares en situación de indigencia o emergencia habitacional, la cobertura del 100% estaría garantizada de manera directa.
El beneficio aplicaría a garrafas de 10, 12 o 15 kilogramos y podría instrumentarse a través de bonos, vales, tarjetas, descuentos directos o reintegros.
Más garrafas en invierno
El proyecto también establece cantidades mínimas de garrafas subsidiadas según la época del año. Durante el período invernal, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, el beneficio alcanzaría como mínimo dos garrafas por mes. Entre octubre y marzo, la cantidad mínima sería de una. La autoridad de aplicación tendría margen para ampliar esos cupos en función de la composición del hogar, la vulnerabilidad de la familia o situaciones de emergencia climática.
Un punto clave del proyecto es que la falta de cuenta bancaria no podría ser un obstáculo para acceder al programa. La iniciativa prevé mecanismos alternativos para quienes no puedan operar con medios bancarios, una medida que apunta directamente a las poblaciones que viven en barrios populares, hoteles, pensiones, inquilinatos o situaciones de informalidad habitacional.
Registro, transparencia y control legislativo
El proyecto crea un Registro Único de Beneficiarios que deberá articularse con bases de datos sociales y de servicios públicos para cruzar información, verificar requisitos y evitar superposiciones. La inscripción podrá realizarse de forma digital o presencial en comunas y centros de atención social.
Además, la autoridad de aplicación deberá presentar informes semestrales ante la Legislatura con datos sobre cantidad de hogares beneficiarios, distribución por comuna y barrio, solicitudes aprobadas y rechazadas, montos otorgados y ejecución presupuestaria. Un mecanismo de rendición de cuentas que los autores presentan como una diferencia sustancial respecto al régimen vigente.
Si la iniciativa obtiene aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo porteño contaría con 90 días desde la promulgación para reglamentarla. Mientras tanto, el proyecto garantiza la continuidad de las prestaciones del régimen actualmente en vigencia, evitando que la transición deje a los beneficiarios actuales sin cobertura.
La discusión de fondo que plantea este proyecto no es menor: ¿alcanza con tener gas de red para decir que una familia tiene acceso al gas? Para los legisladores impulsores, la respuesta es claramente que no. Y esa definición, que parece técnica, tiene implicancias políticas y sociales directas sobre miles de hogares porteños.
