Carteles truchos, multas y denuncias penales: CABA le declaró la guerra a quienes se roban los espacios para personas con discapacidad
El gobierno porteño dio un golpe de timón en materia de accesibilidad urbana. A partir de ahora, falsificar o adulterar carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá consecuencias concretas: multas de hasta $200.000, suspensión de la licencia de conducir y denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. La medida, anunciada personalmente por el jefe de Gobierno Jorge Macri, busca ponerle fin a una práctica que se extendió silenciosamente por los barrios porteños durante años.
“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos”, sentenció Macri al presentar el nuevo régimen de sanciones. El mensaje fue directo y sin eufemismos: quienes falsificaron reservas tendrán 20 días para regularizar su situación, pasado ese plazo, las consecuencias legales serán inevitables.
Una práctica extendida que perjudica a los más vulnerables
El problema no es menor. Según datos oficiales del gobierno porteño, más de 400 carteles irregulares fueron retirados durante lo que va del año. Entre las irregularidades detectadas se encuentran permisos falsos, documentación adulterada, credenciales vencidas e incluso reservas a nombre de personas ya fallecidas. Una trama de fraudes que, lejos de ser un simple problema de tránsito, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de vecinos y vecinas con discapacidad que dependen de esos espacios para movilizarse.
La Secretaría de Tránsito de la Ciudad reforzará los operativos de control sobre la cartelería en la vía pública. Ante la detección de una irregularidad, se procederá a la remoción inmediata de la señalización y a la notificación formal del infractor, quien contará con 20 días corridos para presentar su descargo a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico. Vencido ese plazo, el expediente pasa directamente a la esfera penal y administrativa.
El costo lo paga el infractor
Uno de los aspectos más contundentes del nuevo protocolo es el criterio de responsabilidad económica directa: quien instaló el cartel trucho deberá hacerse cargo de todos los gastos del operativo, incluyendo la remoción de la señalización y la pintura del cordón. Una decisión que apunta a desincentivar la práctica desde el bolsillo.
El esquema de sanciones completo es el siguiente:
– Multas de hasta $200.000 por exhibir certificados o credenciales inexistentes o fuera de norma.
– Multas de hasta $100.000 por instalar señales sin autorización o modificar señalización vial.
– Pago íntegro de los costos operativos del operativo de remoción.
– Suspensión preventiva de la licencia de conducir.
– Denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en casos de falsificación comprobada.
– Inhabilitación temporal para solicitar nuevos permisos de estacionamiento reservado.
Un proyecto de ley en camino
La iniciativa no se queda en el plano ejecutivo. El gobierno porteño anunció además el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar el Código Contravencional, con el objetivo de tipificar formalmente como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento reservado. De aprobarse, la Ciudad contará con un marco legal más robusto para perseguir este tipo de conductas.
Para Jorge Macri, la medida se inscribe en una política más amplia de ordenamiento del espacio público, que combina control, transparencia y respeto por los derechos de los sectores más vulnerables. “Ley y orden”, sintetizó el jefe de Gobierno. Una frase breve que, en este caso, resume una decisión de gestión con impacto real en la calle.
