Universidades en llamas: el Gobierno ignora la ley y los docentes responden con un agosto de protesta sostenida
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei no da tregua. Este miércoles 12 de agosto, docentes, investigadores y la comunidad universitaria en general salieron a las calles con un paro nacional y una concentración en el Obelisco porteño, como respuesta a lo que los gremios describen como una sistemática desobediencia gubernamental frente a la Ley de Financiamiento Universitario y a medidas cautelares dictadas por la Justicia.
La convocatoria, organizada por Acción Federal por la Ciencia y la Educación con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunió a miles de personas a las 16 horas bajo la consigna “Me pongo la camiseta para defender Argentina”. El mensaje fue claro: el sistema universitario público y el entramado científico-tecnológico del país están en riesgo, y la responsabilidad recae sobre las decisiones de gestión del Ejecutivo nacional.
Casi 300 días de incumplimiento
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarias (CONADU) y la CONADU Histórica advierten que la pérdida salarial acumulada de los docentes alcanzó el 28,5% al mes de junio. Un número que no es anecdótico: refleja meses de negociaciones frustradas, promesas incumplidas y un presupuesto universitario que no acompaña la inflación ni las necesidades reales del sector.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, fue contundente: “Nos llama terroristas pero atenta contra la ley desde hace casi 300 días, porque no cumple ni lo que votó el Congreso, ni la medida cautelar, ni lo que firmó sobre gastos de funcionamiento”. Sus palabras apuntan directamente a una tensión política de fondo: el Gobierno acusa a los gremios de operar con motivaciones partidarias, mientras los docentes exhiben resoluciones judiciales y leyes votadas en el Congreso que, según denuncian, el Ejecutivo simplemente ignora.
Entre los reclamos centrales figuran el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes, la transferencia de fondos para el funcionamiento de establecimientos como el Hospital de Clínicas de la UBA, la actualización de las becas Progresar y Belgrano, y la elaboración de un Presupuesto 2027 que contemple las necesidades reales del sistema.
Capital Humano responde: “paro ilegítimo”
Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, salió a defender la gestión con un comunicado oficial. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguraron que el Gobierno “está dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional” y anunciaron una convocatoria a paritaria docente y no docente para el 1° de septiembre.
Sin embargo, la respuesta oficial no se limitó a defender números: la cartera calificó la medida de fuerza como un “paro ilegítimo que responde a motivaciones políticas” y sostuvo que los principales afectados son los estudiantes. También detalló transferencias de fondos hacia la UBA, las universidades de Cuyo, Córdoba y La Rioja.
Para los gremios, este argumento es insuficiente. La convocatoria a paritarias para septiembre llega tarde y sin garantías, advierten, y no resuelve el problema estructural de un financiamiento universitario que el propio Congreso ya legisló y que la Justicia ordenó aplicar.
Un agosto caliente con más paros en el horizonte
La protesta del 12 de agosto no es un hecho aislado, sino el puntapié inicial de un calendario de lucha que se extenderá durante todo el mes. Las organizaciones sindicales ya tienen trazado el siguiente esquema:
Entre el 18 y el 21 de agosto se relanzarán las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno y en plazas de todo el país. Del 18 al 22 de agosto, CONADU Histórica llevará adelante un paro nacional universitario de una semana completa. Y el 27 y 28 de agosto, CONADU convocó a un paro nacional de 48 horas.
Tras la reunión paritaria del 1° de septiembre, los plenarios sindicales evaluarán la propuesta oficial. Si no hay avances concretos, el escenario apunta a una nueva Marcha Federal Universitaria que volvería a poner al sistema de educación superior en el centro del debate político nacional.
Lo que está en juego no es solo el salario de un sector, sino la viabilidad de un modelo de universidad pública, gratuita y de calidad que Argentina construyó durante décadas. Y en ese debate, las decisiones de gestión del Gobierno nacional tienen consecuencias directas que ya se sienten en cada aula, laboratorio y hospital universitario del país.
