Reforma o ajuste: el Gobierno de Jorge Macri reescribe las reglas del juego para los docentes porteños
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, lanzó antes del receso invernal una reforma al Estatuto Docente que modifica cinco aspectos estructurales de la carrera educativa. Los cambios, que comenzarán a aplicarse de forma escalonada desde 2027, redefinen el sistema de puntajes, recortan licencias, imponen nuevas exigencias para acceder a cargos directivos y endurecen las condiciones para obtener traslados. El anuncio llegó sin negociación previa con los gremios docentes y con la promesa oficial de que la resistencia sindical no frenará la iniciativa.
La reforma apunta, según la versión oficial, a resolver un problema concreto: uno de cada cinco maestros cambia de escuela cada año. Esa rotación, según el Ministerio de Educación porteño, fragmenta los equipos de trabajo y debilita el vínculo con las comunidades educativas. La respuesta del Gobierno fue clara: quien quiera trasladarse deberá acreditar al menos dos años de antigüedad como titular en el mismo establecimiento. Y quienes tengan más de 12 meses en una institución tendrán prioridad para cubrir cargos vacantes dentro de ese mismo lugar.
Pero el punto más controversial de la reforma es el que toca la evaluación docente. Actualmente, más del 90% de los maestros porteños obtiene la calificación de “Sobresaliente”, una cifra que, lejos de celebrarse, preocupa a las autoridades: si casi todos son excelentes, el sistema pierde capacidad para detectar problemas y reconocer el mérito real. Con el nuevo esquema, quien no alcance el 90% de presentismo quedará automáticamente excluido de las calificaciones más altas. El presentismo, en otras palabras, se convierte en un requisito de base para el reconocimiento profesional.
La jerarquización de la carrera directiva suma otra exigencia: para concursar como director, vicedirector o supervisor ya no alcanzará con el título docente. Se requerirá una licenciatura en Gestión Educativa o una titulación universitaria equivalente. El Gobierno lo presenta como una profesionalización del rol. Los críticos ya advierten que puede convertirse en una barrera de acceso para docentes con trayectoria pero sin recursos para financiar estudios de posgrado.
En materia de licencias, los 28 días anuales se mantienen, pero cambia su cómputo: dejarán de registrarse por cargo y pasarán a contabilizarse por docente, con un tope de seis solicitudes anuales. Además, la licencia por examen para estudios terciarios o universitarios se reduce de cinco a tres días consecutivos, una señal que algunos interpretan como contradictoria con el discurso oficial de promover la formación continua.
El sistema de puntajes también se reformula. El techo actual de 59 puntos se mantiene, pero desaparecen tres categorías que hasta ahora sumaban: antecedentes pedagógicos, otros antecedentes y la bonificación por permanencia. En conjunto, se eliminan 15 puntos posibles. La intención declarada es depurar el sistema y evitar que cursos sin vínculo directo con la práctica educativa inflen el puntaje de los docentes.
“Vienen a sacudir un sistema tremendamente conservador”, afirmó Macri al presentar la iniciativa. La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, respaldó la reforma con énfasis: “La calidad de la formación y de la carrera docente es determinante para mejorar los aprendizajes de los estudiantes”. El subsecretario Oscar Guillione fue más directo aún: “Tenemos que darle herramientas al sistema para que quienes no están en condiciones de enseñar no estén enseñando”.
El jefe de Gobierno anticipó que hubo diálogo con actores del sistema educativo, aunque esquivó los detalles sobre el grado de acuerdo alcanzado con los sindicatos. “Algunas medidas generan más entusiasmo y otras más tensión, pero como son un sistema, uno no puede ceder una parte porque sino el sistema no funciona”, sostuvo. Y remató: “Va a haber resistencias políticas y temores, pero estamos listos para dar esa discusión”.
La reforma llega en un contexto donde la educación pública porteña sigue siendo un campo de disputa política entre el Gobierno de la Ciudad y los gremios docentes. El detalle completo de la reglamentación, según adelantaron las autoridades, se conocerá finalizado el receso invernal. Mientras tanto, el debate ya está instalado.
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