Garrahan echó a su referente gremial: el Gobierno nacional aprovechó el caso para marcar la cancha sindical
El Hospital Garrahan dio un paso que va mucho más allá de una simple desvinculación laboral. La decisión de separar a Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), tras un sumario administrativo por su desempeño durante 2025, encendió una señal de alerta en el mundo sindical del sector salud. Y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no tardó en amplificarla.
Lezana fue desvinculada luego de un proceso sumarial en el que se tomaron declaraciones a trabajadores del hospital para determinar si la profesional había cumplido con sus funciones como nutricionista durante el período investigado. El resultado fue contundente para las autoridades: no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales, mientras que sí quedó constancia de su activa participación en actividades gremiales. Con ese diagnóstico, la institución con sede en el barrio de Parque Patricios decidió su desvinculación.
El mensaje político fue inmediato. Lugones tomó el caso como plataforma para trazar una línea clara: la militancia sindical no puede funcionar como escudo para el incumplimiento de las obligaciones laborales. En un contexto donde el Gobierno nacional lleva meses tensionando la relación con los gremios del sector público, la declaración del ministro no fue casual ni menor.
Un año de conflicto como telón de fondo
La resolución no puede leerse sin considerar el clima que se vivió en el Garrahan durante 2025. El hospital fue escenario de un ciclo intenso de conflictividad gremial: asambleas, medidas de fuerza, movilizaciones y, según señalaron las autoridades, la ocupación de la oficina de la Dirección Médica, uno de los episodios de mayor impacto institucional de ese período. Lezana tuvo protagonismo en varios de esos momentos.
Las autoridades del hospital sostienen que, pese a ese contexto, la atención a los pacientes y las prestaciones esenciales se mantuvieron gracias al trabajo del personal asistencial. La desvinculación fue presentada, desde la conducción, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a garantizar que cada trabajador cumpla efectivamente con las funciones que le fueron asignadas y a administrar con transparencia los recursos públicos.
Una dirigente que ya había dado la pelea en público
Antes de que se formalizara su despido, Lezana había tenido una presencia pública activa en la disputa por el rumbo del Garrahan. En junio cuestionó un documental impulsado por el Gobierno nacional sobre la institución, al que calificó como un intento de “desprestigiar al personal médico”. También había defendido las medidas de fuerza de los trabajadores y cuestionado decisiones vinculadas con la gestión hospitalaria.
Desde el entorno de la APyT y trabajadores del hospital se habían difundido denuncias sobre recortes, falta de personal, problemas con la provisión de prótesis y el destino de recursos hacia seguridad privada. Esa misma publicación ya advertía sobre la aplicación de sumarios a referentes del hospital, entre ellos Lezana, lo que sugiere que la dirigente y su entorno anticipaban el desenlace.
Sin respuesta gremial oficial por ahora
Hasta el momento, la Asociación de Profesionales y Técnicos no emitió una declaración específica en respuesta a la desvinculación. El silencio del gremio contrasta con la visibilidad que el caso adquirió desde el lado oficial. La pelota queda en la cancha sindical, mientras el Gobierno aprovecha el episodio para instalar un debate que excede largamente las paredes del Garrahan: quién controla la relación entre el ejercicio gremial y las obligaciones laborales en los hospitales públicos argentinos.
