La Legislatura porteña aprobó la expansión del Jardín Japonés sobre la Plaza Sicilia, pero el debate ambiental no cierra
Con 55 votos a favor y apenas dos en contra, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le dio luz verde definitiva a la ampliación del predio del Jardín Japonés en Palermo. La norma habilita la integración de un sector de la Plaza Sicilia al espacio que la Fundación Argentino Japonesa gestiona sobre la Avenida Casares al 3450, en pleno corazón del Parque Tres de Febrero. El resultado legislativo fue contundente, pero el camino no estuvo exento de rispideces.
La votación cerró un proceso que incluyó una audiencia pública obligatoria, celebrada el pasado 9 de junio en el recinto porteño, donde organizaciones ambientales y vecinos del entorno alzaron la voz contra la cesión de espacio verde. Los cuestionamientos no lograron torcer la voluntad de la mayoría legislativa, dado que la instancia no era vinculante, pero dejaron instalado un debate que la sanción definitiva no alcanzó a saldar.
Una gestión que suma metros, pero resta preguntas
El argumento oficial para justificar la expansión es sencillo: el Jardín Japonés recibe cerca de un millón de visitantes por año, con un promedio estimado de 2.700 personas por día. Ese flujo creciente, según los fundamentos de la ley, exige más espacio para garantizar una circulación adecuada y mejorar los servicios existentes. La nueva normativa incorpora dos artículos a la Ley 3.308: uno que habilita formalmente la anexión del sector delimitado en el anexo de la ley, y otro que obliga a la Fundación Argentino Japonesa a construir un baño de acceso público, disponible durante todo el horario de funcionamiento del predio.
La zona en cuestión se ubica dentro del área delimitada por las avenidas Rodolfo Berro, Del Libertador y Casares. No es un espacio cualquiera: forma parte del Parque Tres de Febrero, un área verde protegida que históricamente ha concentrado disputas entre el uso privado y el acceso público.
Lo que la audiencia pública dejó al descubierto
Durante la audiencia de junio, representantes de la Asociación Amigos del Lago de Palermo plantearon objeciones concretas: señalaron que el proyecto carecía de información suficiente sobre la superficie exacta que sería incorporada al predio del Jardín Japonés y advirtieron sobre la protección ambiental que rige sobre el área. También cuestionaron si se habían cumplido los procedimientos necesarios para intervenir sobre un espacio verde protegido.
Esas observaciones quedaron registradas en el expediente, pero no modificaron el resultado. La Legislatura avanzó de todas formas con la segunda lectura y aprobó la norma tal como estaba planteada.
El crimen de Barbieri como argumento de gestión
Entre los fundamentos para justificar la expansión también asoma un dato sensible: el asesinato de Mariano Barbieri, el ingeniero atacado durante un intento de robo en las inmediaciones de la Plaza Sicilia en agosto de 2023, quien murió tras ser atendido en el Hospital Fernández. El texto de la ley menciona expresamente ese episodio para señalar que el sector presenta condiciones de escasa iluminación y poca circulación nocturna.
El argumento es, cuanto menos, discutible: traspasar un espacio público a la gestión privada de una fundación no es necesariamente la única ni la mejor respuesta ante un problema de seguridad urbana. Sin embargo, es la solución que la mayoría legislativa avaló.
El Jardín Japonés, que fue inaugurado en 1967 durante la visita del entonces príncipe Akihito y la princesa Michiko, fue declarado Bien de Interés Histórico y Artístico de la Nación en 2008. Hoy suma a su agenda cultural talleres, exposiciones y propuestas gastronómicas que lo convierten en uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad.
Lo que viene: baño público y más superficie bajo gestión privada
Como contraprestación concreta, la ley impone a la Fundación Argentino Japonesa la construcción de un baño público con sectores diferenciados para hombres y mujeres, que deberá permanecer accesible durante todo el horario de apertura del predio. Es la única obligación tangible que el Estado porteño logró incorporar como compensación por ceder más metros de un parque público.
La pregunta que queda abierta, y que los vecinos ya plantearon, es hasta dónde puede crecer un espacio de gestión privada dentro de un parque público sin que eso afecte el libre acceso y disfrute de todos los ciudadanos.
