La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con impacto político directo en la Casa Rosada. El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en una propiedad vinculada al funcionario, en un movimiento que busca reconstruir la trazabilidad de los pagos y posibles comunicaciones clave.
El dato que tensiona la situación del Gobierno es concreto: Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que recibió 245.000 dólares en efectivo por las obras realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Según su testimonio, el dinero fue entregado “en mano” y sin respaldo formal de facturación, un punto que podría resultar determinante en el expediente judicial.
El caso no sólo pone en discusión el patrimonio personal de Adorni, sino también los estándares de transparencia dentro de la gestión nacional. En un contexto donde el oficialismo construye su discurso sobre la austeridad y el orden fiscal, la aparición de operaciones en efectivo por montos elevados introduce una contradicción difícil de explicar políticamente.
La propiedad en cuestión está registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, y fue incorporada al radar judicial tras una ampliación de denuncia. Las refacciones incluyeron obras de envergadura —pisos, paredes, quincho, pileta y hasta una cascada— que elevaron el valor total de la inversión por encima del costo original del inmueble, estimado en unos 120.000 dólares.
La decisión de peritar el teléfono del contratista abre una nueva etapa en la causa: el análisis de mensajes, registros de llamadas y posibles intercambios digitales podría confirmar o desmentir la modalidad de pago y revelar si existieron intermediarios o circuitos informales de financiamiento.
Mientras tanto, el manejo político del caso genera ruido interno. Adorni evitó dar precisiones públicas sobre la investigación en su última conferencia de prensa, en un intento por contener el impacto mediático. Sin embargo, el silencio oficial contrasta con la presión opositora, que ya evalúa llevar el tema nuevamente al Congreso.
En clave de gestión, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en la política argentina: hasta qué punto los discursos de transparencia resisten el escrutinio cuando la lupa judicial se posa sobre los propios funcionarios. La respuesta, por ahora, empieza a buscarse en los teléfonos y no en las conferencias.
