Celulares robados y mercado negro: la Ciudad clausuró 112 locales en dos semanas y mete presión sobre las redes ilegales
En solo quince días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerró 112 comercios dedicados a la compraventa y reparación de teléfonos móviles. El balance parcial de los operativos encendió el debate sobre la efectividad real de la medida y sobre cuánto tiempo tardó la gestión en intervenir sobre un mercado que, según reconoce el propio gobierno porteño, hace años opera en las sombras.
La ofensiva se apoya en un decreto de emergencia que Jorge Macri firmó hace menos de un mes. La norma reglamenta la Ley 6.009, crea un registro obligatorio para los comercios del rubro y habilita controles especiales en cuatro zonas declaradas críticas: Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo. Desde entonces, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control trabajaron codo a codo con la Policía de la Ciudad para rastrear equipos con denuncias vigentes ante el ENACOM o cuyos responsables no pudieron justificar su origen.
El resultado, hasta ahora: 112 clausuras, cinco detenidos y un importante volumen de equipos secuestrados, entre ellos modelos iPhone, Motorola y Samsung, además de repuestos y herramientas de servicio técnico.
El foco en Once
El barrio de Once, en la Comuna 3, fue uno de los primeros escenarios del operativo. La concentración histórica de locales de reparación y reventa convirtió a sus galerías en un blanco prioritario. Los procedimientos recorrieron locales sobre avenida Corrientes al 2100, Junín al 300, y las galerías La Juanita, La Internacional y La Recova. En esta última, el local 47 fue clausurado tras el secuestro de 22 celulares, 79 módulos y diversas herramientas de soldadura.
El mensaje político de Macri
El jefe de Gobierno porteño no ahorró palabras. “Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad”, sostuvo Jorge Macri, quien además apuntó directamente a quienes compran teléfonos robados para desarmarlos y comercializarlos por piezas, calificándolos como parte de redes delictivas organizadas.
La gestión también encuadró esta campaña dentro de una política de seguridad más amplia que incluye el desalojo de propiedades usurpadas y el control de construcciones ilegales, medidas que la administración exhibe como ejes de su gestión desde diciembre de 2023.
El interrogante que persiste
Más allá de los números que el Gobierno presenta como logros, la operación abre preguntas que la gestión todavía no respondió con claridad. ¿Por qué recién ahora se declaró la emergencia si el mercado ilegal de celulares robados es un problema estructural y conocido desde hace años? ¿Cuántos de los 112 locales clausurados funcionaban con habilitación vigente otorgada por el propio Estado porteño? ¿Qué ocurrirá con los comerciantes que operaban en una zona gris normativa, sin que existiera hasta ahora un registro formal que los obligara a acreditar la procedencia de los equipos?
La declaración de emergencia y la creación del registro son pasos concretos, pero también evidencian que el Estado llegó tarde a regular una actividad que, durante años, operó a plena luz sin controles efectivos. El desafío ahora es sostener la presión más allá del impacto mediático inicial y demostrar que la política tiene fondo y continuidad, no solo titulares.
