El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a la carga en Villa Ortúzar: nuevo decreto de desalojo en la manzana de la Plaza Malaver
El Ejecutivo porteño firma otro decreto de desocupación forzada mientras un proyecto legislativo propone regularizar la situación de las familias y hay resistencia vecinal creciente.
La tensión en la manzana delimitada por Estomba, Montenegro, Girardot y Heredia, en el barrio de Villa Ortúzar, no cede. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó esta semana un nuevo decreto de desocupación administrativa —el N.º 294/26— que ordena el desalojo del inmueble ubicado en Montenegro 1479. La medida se publicó en el Boletín Oficial porteño y alcanza a personas, bienes, instalaciones y animales que se encuentren en ese domicilio, identificado catastralmente como propiedad del dominio público de la Ciudad.
La disposición llega apenas días después de un operativo previo ejecutado en otra construcción de la misma manzana, en la zona de Girardot y Heredia, donde efectivos de la Policía de la Ciudad retiraron a familias que habitaban el lugar. Según habían relatado vecinos del barrio, eran ocho las familias que permanecían en esas construcciones, algunas con décadas de arraigo en el lugar.
Esta vez, el procedimiento recae sobre Montenegro 1479 y el Gobierno porteño justifica la medida argumentando que los ocupantes no pudieron acreditar ningún permiso, título o derecho que habilitara la ocupación. De acuerdo con los fundamentos del decreto, el proceso se inició en abril pasado, cuando se intimó formalmente a los habitantes a presentar documentación. El 14 de mayo se notificó el pedido de restitución del inmueble, pero la ocupación continuó. Un relevamiento del Programa Buenos Aires Presente (BAP), realizado al día siguiente, confirmó que el inmueble seguía habitado y que no existía ninguna fecha comprometida de desocupación.
Una operación con múltiples organismos
El procedimiento de desocupación no será sencillo ni unilateral. El decreto contempla la intervención de varias áreas del Estado porteño: la Dirección General Administración de Bienes liderará la coordinación, pero también participarán la Dirección General Red de Atención e Inclusión Social, la Guardia de Auxilio y Emergencias, el SAME, la Dirección General Gestión Animal y la Escribanía General. Si fuera necesario, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.
El operativo deberá incluir la confección de un acta notarial que certifique la restitución del inmueble y un inventario detallado de los bienes muebles encontrados en el lugar. Una vez concretada la desocupación, el Gobierno deberá garantizar condiciones de higiene y seguridad para evitar nuevas intrusiones.
El contrapunto: resistencia vecinal y un proyecto en la Legislatura
Lo que distingue este conflicto de un simple caso de recupero de dominio público es la dimensión política y social que ha adquirido en los últimos meses. En mayo, vecinos de Villa Ortúzar organizaron un festival contra los desalojos y promovieron activamente una iniciativa legislativa que busca una salida diferente al problema.
El proyecto presentado en la Legislatura porteña propone avanzar en la integración social y urbana del entorno de la Plaza Antonio Malaver, regularizando la situación de las familias que habitan determinadas parcelas. La iniciativa contempla que los actuales residentes puedan acceder a la compra de sus viviendas mediante un esquema de financiamiento con criterios sociales, incorporar al espacio verde los lotes que queden vacíos, y crear una Mesa de Gestión y Participación Vecinal con intervención de vecinos, organizaciones, la Junta Comunal 15 y áreas del Gobierno de la Ciudad.
Ese proyecto todavía continúa su trámite en la Legislatura. Sin embargo, el Ejecutivo porteño no esperó su resolución y avanzó nuevamente con la vía administrativa, profundizando la tensión entre la lógica de recupero de bienes públicos y el reclamo de soluciones habitacionales para familias con décadas de residencia en el lugar.
El debate de fondo
El conflicto de la manzana de la Plaza Malaver condensa una disputa que no es nueva en Buenos Aires: la tensión entre el derecho a la vivienda, la gestión del dominio público y las herramientas —o la ausencia de ellas— que el Estado despliega frente a situaciones habitacionales complejas.
El Gobierno porteño actúa bajo la legalidad del dominio público. Pero la pregunta que resuena en el barrio, y que el proyecto legislativo intenta responder, es si la desocupación administrativa es la única —o la mejor— respuesta posible cuando las familias afectadas llevan décadas viviendo en esas construcciones y cuando existe en trámite una alternativa que contempla soluciones de fondo. La respuesta, por ahora, la está dando la firma de decretos.
