Electromovilidad en CABA: el Gobierno porteño apuesta a los espacios concesionados para expandir la red de carga eléctrica
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso concreto hacia la transición energética en el transporte urbano: lanzó una convocatoria oficial para que concesionarios y permisionarios de inmuebles públicos presenten proyectos de instalación de cargadores para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La movida se enmarca en el programa “Electromovilidad Porteña” y viene acompañada de incentivos económicos que buscan seducir a quienes administran esos espacios.
La medida quedó formalizada a través de la Disposición N° 252/DGCOYP/26 de la Dirección General de Concesiones y Permisos. La ventana para presentar propuestas estará abierta entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre de 2026, lo que le da un margen acotado al sector privado para definir su participación.
La lógica detrás de la iniciativa es clara: aprovechar predios que ya cuentan con infraestructura y acceso público para sumar puntos de recarga sin necesidad de intervenir nuevas zonas del tejido urbano. En lugar de construir desde cero, la Ciudad busca potenciar lo que ya existe bajo su órbita.
Beneficios que van al bolsillo
Para tentar la adhesión, el esquema de promoción prevé la compensación de hasta el 100% del costo de las obras de infraestructura eléctrica una vez que las estaciones estén operativas y los trabajos debidamente acreditados. A eso se suma una reducción de hasta el 5% del canon mensual en concepto de mantenimiento de los equipos instalados. El descuento se aplica directamente sobre el canon que abona el concesionario, hasta cubrir el monto reconocido por la administración.
No es un cheque en blanco: los proyectos deberán reunir documentación técnica detallada, que incluye planos del emplazamiento, memoria descriptiva, factibilidad del suministro eléctrico emitida por la distribuidora, especificaciones del equipamiento, presupuesto de obras, cronograma de ejecución y estimación de costos de mantenimiento. La Dirección General de Concesiones y Permisos será la encargada de evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa de cada propuesta antes de dar luz verde.
Un activo que queda en manos de la Ciudad
Más allá de los beneficios para los privados, el Gobierno porteño tiene su propio rédito en la operación: toda la infraestructura instalada en los espacios públicos concesionados pasará a manos de la Ciudad una vez que finalicen los contratos de concesión. Dicho de otro modo, el Estado porteño capitaliza a largo plazo la inversión que hoy financia, al menos en parte, con reducción de canon.
El programa se inscribe en una agenda más amplia de movilidad sustentable que la Ciudad viene impulsando en los últimos años, con el objetivo declarado de reducir las emisiones contaminantes asociadas al transporte. Sin embargo, la efectividad real de estas políticas dependerá en gran medida de cuántos concesionarios decidan sumarse y, sobre todo, de si la infraestructura resultante logra cubrir la demanda de una flota eléctrica que todavía representa una porción menor del parque automotor porteño.
El interrogante de fondo es si una convocatoria de dos meses, con requisitos técnicos exigentes, alcanza para construir una red de carga que esté a la altura de las ambiciones del programa. El resultado concreto recién se conocerá cuando cierren las inscripciones y la administración muestre cuántos proyectos aprobó y cuántos puntos de carga efectivamente se pusieron en marcha.
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