La Libertad Avanza quiere que los kioscos vendan alcohol a cualquier hora: el proyecto que desafía la regulación vigente en CABA
Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura porteña por legisladores de La Libertad Avanza propone eliminar de un plumazo las restricciones horarias que hoy regulan la venta de bebidas alcohólicas en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, que lleva la firma de Juan Ignacio Fernández y Marcelo Gregorio Ernst, no solo apunta a liberar los horarios de expendio en locales gastronómicos y supermercados, sino que va más lejos: busca habilitar a kioscos y maxikioscos para comercializar alcohol sin las limitaciones actuales.
El expediente 2410-D-2026, presentado el 10 de agosto, propone derogar tres artículos del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad. En la práctica, esto significaría que cualquier comercio habilitado podría vender bebidas alcohólicas en cualquier franja horaria, sin importar el rubro ni la hora.
Qué dice hoy la normativa
El marco regulatorio vigente establece un esquema de restricciones concretas: la venta para consumo fuera del local está permitida entre las 8 y las 22, mientras que los envíos a domicilio pueden realizarse hasta la medianoche. Además, existe una franja protegida en la madrugada, con prohibición de venta entre las 5 y las 10, y de consumo en el establecimiento entre las 5.30 y las 10. Los kioscos y maxikioscos tienen directamente vedada la posibilidad de comercializar o enviar alcohol.
De aprobarse el proyecto, todo ese andamiaje regulatorio quedaría desactivado.
El argumento libertario: menos Estado, más mercado
Los autores del proyecto encuadran su propuesta en la doctrina liberal que caracteriza al espacio político al que pertenecen. En los fundamentos, sostienen que las restricciones actuales son “arbitrarias” y lesionan la libertad individual, el derecho de propiedad y la libertad de comercio. Bajo esa lógica, consideran que un adulto debe poder decidir cuándo y dónde comprar alcohol sin que el Estado intervenga con criterios que califican de paternalistas.
Otro argumento de peso es el de la igualdad comercial: los legisladores cuestionan que un supermercado pueda vender alcohol en determinados horarios mientras un kiosco de la misma cuadra tiene esa operación prohibida. Para los autores, esa asimetría carece de justificación técnica o jurídica.
También hay un diagnóstico sobre los efectos no deseados de la regulación: el proyecto afirma que las restricciones horarias dificultan la fiscalización y pueden generar condiciones propicias para la corrupción administrativa o el comercio informal. Desde esa perspectiva, la desregulación sería una herramienta para reducir la burocracia y concentrar los controles del Estado en cuestiones de seguridad pública y convivencia.
Salud pública versus libertad de mercado
La iniciativa anticipa una de las críticas más previsibles y la responde de frente: los consumos problemáticos de alcohol, sostienen los autores, deben abordarse como una política de salud y no mediante prohibiciones generales que, según argumentan, tampoco alcanzan a quienes presentan esas conductas. En esa línea, sugieren que las restricciones horarias pueden incluso incentivar canales clandestinos de venta.
El proyecto suma también una dimensión económica: sus impulsores plantean que la desregulación podría incrementar las transacciones formales, con impacto positivo sobre la recaudación indirecta y el empleo en comercio, servicios y logística. Asimismo, consideran que una mayor oferta en puntos de venta pequeños podría favorecer la competencia de precios frente a los grandes distribuidores.
La propuesta deberá ahora atravesar el proceso parlamentario en la Legislatura porteña. Su tratamiento promete encender un debate que excede lo comercial y toca cuestiones sensibles: el rol del Estado en la regulación de conductas, la salud pública y los límites de la desregulación en clave libertaria.
