Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: represión, detenidos y heridos en las puertas del Congreso
La jornada del jueves dejó un saldo de tres personas detenidas, un gendarme hospitalizado y un prefecto herido, en el marco de las protestas contra uno de los proyectos más controversiales del oficialismo.
Gases lacrimógenos, camiones hidrantes y un operativo de 820 efectivos de fuerzas federales. Ese fue el escenario que rodeó al Congreso de la Nación este jueves, mientras el Senado debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que encendió las alarmas de organizaciones sociales, gremiales y políticas de todo el país.
La movilización comenzó al mediodía y fue creciendo en intensidad a medida que avanzaba la tarde. Pese a que el Gobierno nacional había retirado del texto el capítulo referido a la extranjerización de tierras, la concesión no alcanzó para desactivar el malestar de quienes veían en el proyecto una amenaza directa a derechos colectivos. La marcha no se frenó, y la tensión tampoco.
A lo largo de la avenida Entre Ríos y en los alrededores del Palacio Legislativo, los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas federales escalaron hasta el punto de requerir la intervención con agentes químicos y vehículos hidrantes. En ese contexto, la Policía Federal procedió a la detención de tres personas, imputadas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
Entre los heridos del operativo, el caso más grave fue el de un integrante de la Gendarmería Nacional, que recibió un piedrazo en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Churruca para recibir atención médica. Un efectivo de la Prefectura Naval también resultó lesionado, aunque con heridas de menor consideración que no requirieron derivación hospitalaria.
El despliegue de seguridad no fue menor: 820 efectivos distribuidos entre distintas fuerzas federales fueron asignados al perímetro del Congreso para resguardar el desarrollo de la sesión. Una cifra que habla por sí sola del nivel de conflictividad que el propio Ejecutivo anticipaba.
Lo que ocurrió frente al Congreso no es un hecho aislado. Es el reflejo de una grieta que se profundiza entre un gobierno que avanza con reformas estructurales a paso acelerado y una sociedad civil que resiste en las calles. La decisión de mantener el proyecto en debate, aun después de parciales concesiones, revela una apuesta política de alto voltaje. Los costos, al menos por ahora, los están pagando tanto los manifestantes como los propios agentes del Estado desplegados para contenerlos.
El debate legislativo continúa. La tensión, también.
