Desalojos exprés: el Senado aprobó una reforma que cambia las reglas del juego para inquilinos y propietarios
El oficialismo logró media sanción para una polémica ley que acelera los procesos de restitución de inmuebles. Mientras el sector inmobiliario celebra, las organizaciones de inquilinos advierten que los sectores más vulnerables quedarán más expuestos que nunca.
El Senado de la Nación dio un paso clave en uno de los debates legislativos más calientes del año: aprobó con media sanción el proyecto de Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que modifica en profundidad las reglas de los desalojos civiles en Argentina. La propuesta, impulsada por el oficialismo, ahora deberá sortear la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
El núcleo de la reforma apunta a recortar los tiempos judiciales en los procesos de restitución de inmuebles. Para eso, el proyecto introduce modificaciones en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitando mecanismos que permitan a un juez ordenar la devolución inmediata de una propiedad cuando el dueño acredite documentalmente su titularidad y presente una caución juratoria. Los casos alcanzados son los de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos, es decir, desalojos civiles, no penales.
En ese sentido, uno de los puntos que generó confusión durante el debate fue la distinción entre desalojos y usurpaciones. La reforma no toca las usurpaciones, que continúan encuadradas en el Código Penal y se tramitan por la vía penal. El cambio opera exclusivamente en el ámbito civil.
Plazo de diez días: la cláusula que sobrevivió al debate
Uno de los aspectos más disputados fue el plazo que tiene un inquilino para regularizar una deuda de alquiler antes de que el propietario pueda iniciar una demanda de desalojo. El texto original proponía reducirlo de diez a tres días corridos, una modificación que encendió las alarmas de las organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos. Finalmente, esa reducción fue eliminada en comisión y el plazo se mantuvo en diez días.
Sin embargo, la reforma no es inocua para quienes alquilan. La incorporación de notificaciones electrónicas, la prohibición de rechazar la devolución de llaves por parte del propietario y la habilitación de restituciones inmediatas en casos de tenencia precaria configuran un escenario donde los tiempos del proceso judicial podrían acortarse significativamente.
El único resguardo explícito para situaciones de vulnerabilidad es la obligación de que, cuando haya menores de edad o personas en situación de calle involucradas en un desalojo, deban intervenir los organismos competentes para garantizar una respuesta habitacional transitoria. Una cláusula que, para las organizaciones de inquilinos, no alcanza a compensar el resto del articulado.
Mercado versus derecho a la vivienda
El debate en torno a este proyecto expone una tensión estructural que el sistema político argentino arrastra hace años: cómo equilibrar la seguridad jurídica de los propietarios con el derecho de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables.
Desde el oficialismo, la lectura es clara: procesos judiciales más rápidos generan mayor previsibilidad en el mercado, lo que podría traducirse en condiciones de acceso menos exigentes para los futuros inquilinos. Especialistas del sector inmobiliario acompañan esa visión y anticipan que la agilización de los trámites podría reactivar la oferta de propiedades en alquiler.
Del otro lado, las organizaciones de inquilinos advierten que acortar los tiempos del proceso judicial reduce el margen de defensa de quienes atraviesan dificultades económicas para afrontar el pago del alquiler. Para ellas, la reforma prioriza los intereses de los propietarios sobre la protección de los sectores con menor poder de negociación.
Más allá del capítulo referido a los alquileres, el proyecto también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, habilita el uso de documentación digital en los Registros de la Propiedad Inmueble y reforma el régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri. Cambios que pasaron casi inadvertidos frente al ruido político que generó el debate sobre los desalojos.
La pelota ahora está en Diputados.
