La Libertad Avanza apunta al corazón de la burocracia porteña: si el Estado no responde, el trámite se aprueba solo
Dos proyectos presentados en la Legislatura de la Ciudad buscan reformar de raíz la relación entre los ciudadanos y la administración pública porteña. La iniciativa más disruptiva establece que, en determinados casos, la falta de respuesta del Gobierno equivale a una aprobación automática. El Estado, en silencio, ya no podrá dilatar indefinidamente.
El lunes 10 de agosto ingresaron a la Legislatura porteña los expedientes 2430-D-2026 y 2431-D-2026, ambos impulsados por la legisladora María del Pilar Ramírez junto a un bloque de coautores de La Libertad Avanza, entre ellos Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz y Solana Pelayo. Los dos proyectos forman un paquete legislativo con una misma filosofía: menos burocracia, más responsabilidad estatal y habilitaciones más ágiles para quienes quieran desarrollar actividades económicas en la Ciudad.
El primero de los proyectos propone crear la Ley de Libertad Comercial, un régimen especial orientado a simplificar los trámites vinculados a actividades económicas, comerciales, productivas y de servicios. La pieza central de la iniciativa es la creación de una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas (VUDAE), una plataforma que concentraría en un solo canal todas las gestiones necesarias para iniciar, modificar, renovar, transferir o cerrar una actividad. A eso se suma la creación de un Legajo Digital Único del Operador, que evitaría que distintas dependencias del Estado reclamen la misma documentación una y otra vez.
Pero el cambio más concreto apunta a las actividades consideradas de bajo riesgo. Para ellas, el proyecto establece un sistema de habilitación automática: alcanzaría con presentar una declaración jurada y la documentación requerida para comenzar a operar, sin necesidad de una inspección previa ni de un acto administrativo expreso. El sistema emitiría una Constancia de Habilitación Provisoria y los controles pasarían a realizarse con posterioridad, dentro de un plazo de 180 días. Farmacias con autorizaciones especiales, establecimientos sanitarios con internación, locales bailables, actividades vinculadas a sustancias peligrosas y espectáculos masivos, entre otros rubros, quedarían fuera de este régimen.
El segundo proyecto apunta más lejos aún. La iniciativa propone modificar el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad para establecer que, cuando el Estado no responda dentro del plazo previsto en ciertos trámites, ese silencio tenga efecto positivo. Es decir: si el Gobierno porteño no se expide en tiempo y forma ante una solicitud de autorización que involucre una facultad reglada, el trámite podría considerarse aprobado.
La regla general del silencio negativo se mantendría, pero la excepción introduce una consecuencia jurídica concreta a la demora estatal. Una vez configurado el silencio positivo, el interesado podría exigir la inscripción registral, la emisión del certificado o la autorización correspondiente. El proyecto también fija un plazo máximo de 60 días para que la Administración se pronuncie cuando la normativa especial no establezca uno.
Hay límites, sin embargo. El silencio positivo no se aplicaría en materias de salud pública, seguridad, educación, medio ambiente, prestación de servicios públicos ni derechos sobre bienes de dominio público, salvo que una norma específica lo disponga expresamente.
Los fundamentos de ambas iniciativas plantean que la demora estatal no puede convertirse en una barrera indefinida para el ejercicio de derechos o el desarrollo de actividades lícitas. En ese sentido, los autores sostienen que el objetivo no es desmantelar los controles del Estado, sino reorientarlos hacia una lógica de fiscalización posterior, concentrando los recursos en los casos donde existe un riesgo concreto.
Ambos proyectos deberán atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. Pero su sola presentación abre un debate que no es menor: ¿hasta dónde puede el Estado porteño seguir usando los tiempos administrativos como herramienta de control, o incluso de bloqueo, frente a quienes buscan operar dentro de la legalidad?
